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Comunicado a la opinión
pública - Agosto 9 de
2.006 | | |
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Corte Constitucional precisó que sentencia sobre la Ley de Justicia y Paz no es retroactiva - El Tiempo / Mayo 20 de 2.006
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Además, advirtió que los apartes declarados inconstitucionales afectaban de manera "desproporcionada el derecho de las víctimas a la justicia".
La reacción del Gobierno y de varios ex jefes ‘paras’ sobre la sentencia que supuestamente los obligaba a pagar las condenas impuestas antes de desmovilizarse, motivó ayer a los magistrados a emitir un documento para explicar los alcances de la sentencia.
Horas críticas enfrentó ayer el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares desmovilizados, debido a la confusión que se generó en relación con los alcances reales del fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz.
El punto central de la incertidumbre fue la aplicación de las penas alternativas a que tienen derecho los ex ‘paras’.
La tensión fue tal, que varios jefes paramilitares desmovilizados madrugaron a hablar por medios radiales y expresaron la alarma que les generaba la sentencia.
‘Ernesto Báez’ calificó la decisión como “un golpe mortal al proceso”, mientras que Salvatore Mancuso llegó a proponer la realización de un plebiscito para avalar el proceso.
Incluso, el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, como vocero del Gobierno, calificó el hecho de “preocupante”.
El punto de discordia
¿En qué consistió la confusión? La ley de Justicia y Paz establecía que las condenas impuestas a los ‘paras’ antes de su desmovilización quedarían extinguidas cuando estos cumplían las obligaciones de la Ley 975 del 2005.
El jueves, al fallar una demanda, la Corte señaló que esas penas no debían eliminarse, sino acumularse con la condena emitida por el magistrado de Justicia y Paz por los delitos que, al desmovilizarse, hubiese confesado el ‘para’.
El enredo surgió cuando el presidente de la Corte, Jaime Córdoba, explicó a los medios la decisión y en ese punto señaló que ambas condenas se acumulaban y pagaban “efectivamente”.
Esto fue interpretado como si los ‘paras’ con condenas pendientes antes de su desmovilización debían pagarlas en su totalidad. De ser así, el proceso sufría un duro revés.
Ayer, cuando se anunció una reunión de emergencia de los ex jefes ‘paras’ para tratar el tema, los magistrados de la Corte Constitucional analizaron la situación y decidieron emitir un nuevo comunicado, en el cual se precisaron los alcances del fallo.
En él mismo señalan que “si el desmovilizado condenado con anterioridad se acoge a la ley 975 del 2005 y cumple con los requisitos atinentes al derecho a la verdad, reparación (...) dicha condena se acumulará jurídicamente a la nueva condena que se le imponga”. El tribunal agrega “que después de efectuada esa acumulación se concederá el beneficio de la pena alternativa de 5 a 8 años, en relación con la pena acumulada, si se cumplen los requisitos de la ley”.
Además, voceros de la Corte precisaron que la inexequibilidad del artículo que castiga la sedición, como delito político, no cobija a quienes ya se desmovilizaron, atendiendo el principio constitucional de la favorabilidad.
Reacciones al fallo de la Corte Constitucional
Rocío Arias, representante a la Cámara.
“Siempre he dicho que este proceso de paz, más que jurídico, primero tiene que tener una salida política. El campo jurídico es más de interpretación, pues cada fiscal o un juez le pueden dar una lectura distinta. Por ejemplo, el fallo de la Corte, que ya se echó para atrás”.
Alfredo Rangel, analista político.
“El pronunciamiento de la Corte introduce una gran incertidumbre al proceso de paz con los paramilitares. Ciertamente es un cambio en los acuerdos, en las reglas de juego convenidas. Creo que la Corte ha privilegiado la letra de la ley frente al propósito de la patria”.
Wilson Borja, congresista.
“Se había pensado con la primera noticia que no era posible que una persona cuando era condenada se le sumaran (penas) cuando eran delitos de antes. Al ser cosa juzgada, la ley no preve la posibilidad de apelar una sentencia. Lo que se crearía es un problema jurídico”.
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